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Artículos de opinión

Las eléctricas amenazan con el cierre de las centrales nucleares

2 jun 2021 l Leída 161 veces l 4 min l Compartir Artículo

En estos días estamos oyendo sobre la subida de las tarifas eléctricas y los horarios "fantasma" para reducir costes. Todo ello está ligado, no solo al incremento en la demanda eléctrica típica de los meses de verano sino a los costes derivados de los "derechos de emisiones de CO2". Pero, ¿qué son estos derechos de emisiones?

El mercado mayorista de electricidad es marginalista, es decir, la última tecnología en casar oferta y demanda es la que fija el precio para el resto. Y ante la desaparición del carbón, los ciclos combinados han acelerado su presencia en el mix de generación. Los ciclos combinados queman gas natural, es decir, emiten CO2 y metano y, por tanto, están sujetos a la normativa europea que regula estas emisiones emisiones.

Desde el año 2005 en Europa hay un sistema denominado Emissions Trading Sistem (ETF) que limita las emisiones de 10.000 instalaciones de gran consumo de energía (centrales eléctricas e industria) y de las compañías aéreas. Todas estas empresas deben monitorizar, verificar y reportar sus emisiones al organismo estatal correspondiente (en el caso de España, a la Oficina Española de Cambio Climático). 

Cada una de ellas tiene asignada una cantidad limitada de derechos de CO2 que pueden emitir a la atmósfera de forma gratuita, aunque cada año en menor medida (en el periodo 2013-2020 el ritmo de reducción era del -1,74% anual y a partir de 2021 lo será del -2,2%). Si necesitan emitir más de esa cantidad asignada pueden acudir al mercado y comprar derechos de emisión a través de una subasta.

 

La Comisión Europea estableció medidas para hacer que el precio de esos derechos subiera con el objetivo de incentivar el cambio tecnológico hacia tecnologías limpias, pues Bruselas fija 2050 como el año de la descarbonización de la economía. 

 

En 2018 la Comisión Europea sacó una directiva que daba visibilidad a largo plazo con un marco regulatorio para el periodo 2021-2030 y también la directiva MiFID II que catalogó los derechos de emisión como instrumentos financieros, por lo que empezaron a entrar bancos de inversión. Así, el precio de los derechos de emisión de CO2 ha pasado de los 4 euros la tonelada en enero de 2018 a los 48 euros de abril de 2021. En octubre del año pasado, el precio se situaba en el entorno de los 23 euros.

Para ser neutros en carbono se necesita reducir las emisiones y eso nadie lo hará si no tiene un coste, por eso el CO2 tiene que ser lo más alto posible. Y por eso el fondo de inversión compra estos derechos porque sabe que tarde o temprano tendrá un comprador. Hay un componente especulativo importante con operadores no naturales como son los fondos y bancos de inversión que han visto que es una unidad en creciente valor, protegida por la Unión Europea que aplica medidas para que el precio suba y como la voluntad europea es reducir más las emisiones, las expectativas es que el precio siga subiendo.

El algoritmo que la denominada Market Stability Reserve, una especie de "Banco central de derechos" para darle estabilidad a los precios, tiene para intervenir, se basa en que el precio tiene que ser más del doble del precio medio de los últimos dos años. Pero el precio se ha disparado tan de golpe para que pueda intervenir tendría que estar en 70 u 80 euros. Es decir, no hay corrección de la oferta a corto plazo, y es difícil cambiar eso porque se trata de una decisión de todos los estados de la Unión Europea. Además, la mitad de los derechos disponibles cada año son subastados y el dinero de la subasta va a los estados.

Por otro lado, a las compañías eléctricas les resulta más barato, hoy por hoy, comprar kW equivalentes de emisiones de CO2 que invertir en nuevas instalaciones de generación a partir de renovables (solar, eólica, etc.). Esta es la razón por la que cualquier anuncio de reforma del sistema eléctrico y tarifario nacional sea visto con recelos por parte del sector.

Ante esta eventual reforma, la respuesta del sector eléctrico se realiza en forma de amenaza o chantaje al Gobierno. Amenaza pública que se traduciría con el cierre adelantado de las centrales nucleares.

Tal vez a mucha gente esto le parezca una buena noticia desde un punto de vista medioambiental. Pero tal eventual cierre, tiene un serio inconveniente, hoy por hoy. Y es que no podemos sustituir los MW nucleares instalados por un número equivalente de MW renovables y estables. El término "estable" es igualmente importante por cuanto las nucleares operan como "base" del sistema de forma ininterrumpida, proporcionando estabilidad al sistema eléctrico nacional. Operar sin ellas, con renovables que dependen del viento y del sol, en tiempo real, sería prácticamente imposible. Tendríamos que tener suficiente energía almacenada en forma de grandes centros de baterías o acumuladores para garantizar el servicio y, no estamos aún en ello.

Por otro lado, a las eléctricas les resulta más rentable mantener operativas todo el tiempo el mismo conjunto de centrales que tener que ordenar parar o poner en marcha algunas de ellas cada 24 horas o según sea la demanda. Seleccionan un conjunto de instalaciones que aseguren una demanda pico pico estacional y para evitar la parada temporal de algunas de ellas en horas valle, nos proponen a los consumidores que "gastemos" más kW durante la noche, fines de semana o en franjas "fantasma".

Lógicamente, todo esto puede cambiar en función de cómo cambien los precios en el mercado de emisiones, según cómo cambie la demanda nacional o según se vayan introduciendo nuevos elementos al mercado eléctrico, tales como los vehículos eléctricos. Lo que parece evidente, es que las compañías eléctricas no van a dar ningún paso por su cuenta en materia de descarbonización y que van a esperar a que sean los gobiernos los que tomen esas decisiones para, a continuación, presionarles con la necesidad de ayudas y subvenciones para las nuevos proyectos que les planteen esas mismas autoridades. Todo por cuenta del consumidor.

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