La Fiscalía estudia actuar contra Telecinco por entrevistar a una menor

La Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal, ha remitido hoy a la Fiscalía de Sevilla las copias de los programas "Rojo y Negro" y "El Programa de Ana Rosa", emitidos los pasados 15 y 16 de febrero, "en los que aparecía, identificada y a cara descubierta, una niña de 14 años" a la que se presentó como la novia del supuesto asesino de Marta, el joven Miguel Carcaño.

Según informa en una nota de prensa la Fiscalía General del Estado, Madrigal ha enviado ese material a la Fiscalía de Sevilla para que ésta "valore debidamente la procedencia del ejercicio de las acciones civiles" que la Ley del Menor otorga al fiscal "en defensa de los derechos fundamentales de los menores, al honor, la intimidad y la propia imagen".

El artículo dice que "la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad (...) determinará la intervención del fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados".

La decisión de Madrigal se basa en la doctrina sentada en esta materia por la Fiscalía General del Estado en la instrucción 2/2006, que alude a "la mayor exigencia de respeto y protección que ha de conferirse a tales derechos cuando su titular es una persona aún en fase de formación y con la particular vulnerabilidad que procede de las limitaciones jurídicas y materiales para regirse por sí misma".

La Fiscalía de Menores también ha tenido en cuenta la postura del Tribunal Constitucional, que ha establecido que "los derechos al honor y a la intimidad se extienden también a determinados aspectos de otras personas con las que se guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspectos que por esa relación inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo".

El escrito firmado por Madrigal se ha remitido "con el conocimiento y la autorización del Fiscal General del Estado", Cándido Conde-Pumpido, según el Ministerio Público.