El Gobierno anula nueve licencias de TDT

Las reacciones no se han hecho esperar. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha manifestado su su profundo malestar con el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 22 de marzo, mediante el cual se ha decidido ejecutar la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la asignación de múltiples digitales, según confirman en nota de prensa:

Uteca quien avisa que la decisión “será oportunamente impugnada” expresa unánimemente su preocupación por las consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria. Además las televisiones manifiestan su malestar por la forma en que ha sido ejecutada y comunicada. Dicha decisión coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, que afecta de lleno a nuestra credibilidad como país.

La Unión de Televisiones afirma que “la decisión pone en riesgo la continuidad de cierto número de canales que están actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, y en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas”. Además de reducir la actual oferta televisiva.

Por último la nota recuerda que los operadores de televisión que se ven afectados por esta decisión asumieron las grandes inversiones que fueron necesarias para el buen fin del acelerado proceso de transición a la televisión digital terrestre. Inversiones que estaban exigidas por la normativa y amparadas por los compromisos asumidos por el Gobierno desde el año 2005; compromisos que ahora pretenden ser obviados.

La sentencia, que será recurrida por las cadenas, obliga a devolver entre dos y tres canales por grupo. Mediaset perderá dos de ocho, Antena 3 se dejará otros tres. Vocento y Unidad Editorial también perderían la mitad de su oferta de cuatro frecuencias. En total quedarán afectados nueve canales. Estas licencias se adjudicaron sin concurso público, motivo por el que fueron declaradas nulas por el Supremo.

El cumplimiento de esta sentencia no afecta a otras cadenas como Intereconomía Televisión, cuya licencia, perteneciente a Net TV, es muy anterior a este reparto realizado en 2010 y es fruto de un acuerdo de provisión de contenidos realizado en 2005.

Transparencia en los concursos públicos

La Sentencia y el Alto Tribunal reconoce como derogado el tradicional marco jurídico propio de las "concesiones administrativas" inherente a la antigua calificación de "servicios públicos" para confirmar que el nuevo régimen de licencias impuesto desde la entrada en vigor de la Ley Audiovisual en mayo de 2010 es mucho más laxo y debe de repartirse con criterios que garanticen la competencia y libre mercado mediante procedimientos trasparentes como los concursos públicos.

Para el Alto Tribunal, los nuevos concursos sobre estas materias habrán de ser, por fin, más claros y transparentes a la hora de resolverlos, permitiendo que los tribunales aprecien cualquier irregularidad o criterio subjetivo que un licitador haya sufrido durante su resolución.

La Sentencia entraba a analizar los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010, que constituían la base normativa del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se efectuó la asignación directa de un múltiple digital a cada uno de los concesionarios (hoy licenciatarios) ya existentes en el mercado, y su contradicción con la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, que derogaba todas las normas de igual o inferior rango anteriores que se opusieran a la misma.

AUC pide claridad al Gobierno

Una vez conocida la decisión del Gobierno, AUC pide claridad al Gobierno para saber realmente qué futuro le espera al mantenimiento y desarrollo de la televisión digital terrestre.

AUC quien no entra a discutir el fundamento de la sentencia sobre la vigencia de unas u otras normas en el momento del reparto, ni tampoco a valorar si lo que se ha producido es una mera sustitución técnica de un canal analógico por un múltiplex digital que ocupa el mismo espectro radioeléctrico, o por el contrario una apropiación ilegítima de dicho espectro.

Pero sí destaca que la consecuencia directa de la decisión del Supremo va a ser la desaparición de canales que en la actualidad forman parte de la oferta en abierto a la pueden acceder los espectadores de modo gratuito, sin que nada asegure que vuelvan a ponerse en marcha tras un futuro concurso. Por el contrario, cabe la posibilidad, según la Asociación, de que lo que esté en marcha sea una operación para el cierre definitivo de esos canales.

AUC recuerda que los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para adaptarse a la implantación de la TDT. Ahora se pretende, además, que vuelvan a realizar un nuevo desembolso para los cambios de antenización que requiera la reubicación de canales consecuencia del llamado “dividendo digital”, a pesar de que ese coste iba a ser cubierto inicialmente con lo pagado por los operadores de telefonía en la subasta del espectro radioeléctrico. Y todo ello con la promesa de acceder, como señalaba la propia legislación, “a un mayor número de canales y, en consecuencia, a un mayor número de programas y servicios de mejor calidad”, que les permitiría “participar activamente de los logros de la sociedad de la información, asegurando la preservación del pluralismo y la formación de una opinión pública libre”. Un objetivo que no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente en este tiempo, pero que ahora queda aún más lejos de logarse.

La Asociación señala, finalmente, que Los ciudadanos tienen derecho a saber si la confluencia de la sentencia del Supremo y del dividendo digital afectará a las posibilidades de oferta televisiva gratuita para los ciudadanos, que es precisamente la señal de identidad de la TDT, así como al futuro del 3D, de los servicios interactivos y, muy especialmente, de la alta definición, para la que muchos hogares se han equipado y que supone una de las principales demandas de los ciudadanos, junto con la mejora en la calidad de los contenidos.