El artículo hace referencia al contenido crítico de dos Informes recientes de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) que evidencian que siguen existiendo importantes déficits estructurales en nuestro país en materia de corrupción. A tal efecto se hace referencia a los avances insuficientes que señala la Comisión Europea en cuanto a prevención de conflictos de intereses, la necesidad de una Autoridad independiente de integridad pública, así como a una regulación de los lobbies, y a una mayor independencia del poder judicial. También se hace referencia al diagnóstico del GRECO, que destaca las numerosas recomendaciones que siguen sin cumplirse en esta materia, dedicando un apartado final a argumentar la necesidad de un gran Pacto de Estado contra la corrupción.