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La cadena autonómica ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Industria del pasado 12 de septiembre, en la que se sancionaba a laOtra con un millón de euros y se le ordenaba que procediera al precintado de los equipos y cierre de sus instalaciones.

Telemadrid solicita la suspensión de la sanción para evitar el daño irreparable que supondría a los madrileños no poder ver su segundo canal de televisión en analógico. Un derecho a recibir información que tienen todos los ciudadanos y que el Ministerio de Industria pretende impedir.

laOtra es un canal de televisión que tiene amparo legal en la Ley del Tercer Canal de 1983 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/1999, y que, además, cuenta con disponibilidad técnica para emitir.

La pretensión del Ministerio del señor Clos supone una arbitraria y grave discriminación hacia los madrileños con respecto a los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas que disponen, desde hace tiempo, de dos canales de televisión, como País Vasco, Andalucía y Valencia, e incluso de tres, como Cataluña.
Esta sanción gubernativa a Telemadrid no tiene precedentes en los últimos 35 años, supone un atentado contra el derecho constitucional, especialmente protegido, de la libertad de información, y su desproporcionada cuantía supondría un grave perjuicio económico para Telemadrid.

Además, dicha sanción tiene su origen en un expediente que se fundamenta en una prueba practicada sin que Telemadrid pudiera estar presente, lo que supone una clara indefensión para la cadena regional que no pudo presentar sus alegaciones.

Por último, la resolución de Industria incurre en una clara desviación de poder porque valiéndose de su capacidad sancionadora la utiliza indebidamente contra una emisora que dispone de plena legitimidad para emitir.