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Sindicatos y Colegios de Periodistas, contra la privatización de los canales autonómicos
26.04.2012
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Sindicatos y Colegios de Periodistas, contra la privatización de los canales autonómicos

El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros donde los gobiernos autonómicos podrán privatizar las televisiones públicas regionales ha levantado ampollas entre sindicatos y asociaciones de Prensa. Es el caso de los comités de empresa de Telemadrid, la Agrupación de Periodistas de la UGT (AgP-UGT) o los Colegios de Periodistas de Galicia y Cataluña.

En el caso de los comités de empresa de Telemadrid, Onda Madrid y el ente público de Radio Televisión Madrid (Eprtvm) y las secciones sindicales de CC. OO., CGT y UGT han expresado su "más absoluto" rechazo al cierre o privatización total o parcial de, ente madrileño, la única de comunicación de titularidad pública de la Comunidad.

Así lo indicaron en un comunicado conjunto emitido, en el que defienden que la existencia de una radiotelevisión pública en la región "independiente del poder político, plural, veraz y de servicio público" es la mejor garantía para el cumplimiento efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos a la información y es fundamental para el desarrollo democrático y cívico.

Consideran además que es el motor de la industria audiovisual en la Comunidad. En la actualidad, según sus datos, Radio Televisión Madrid da empleo directo a más de 1.000 personas e indirecto a más de 2.000. Recuerdan que el coste de Telemadrid asciende a 79 millones de euros al año, es decir, un 0,4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y que es la televisión autonómica más barata para los ciudadanos de las diferentes comunidades (17 euros al año por habitante).


Además, apuntan que la deuda de Telemadrid supone el 1,5 por ciento de los 16.191 millones de la deuda de la Comunidad de Madrid del año 2011, los gastos de personal del ente público han descendido el 15 por ciento desde 2007 a 2011.

Señalan que el 70% del gasto de personal corresponde al 90 por ciento de la plantilla (trabajadores acogidos a convenio), y el 30 por ciento corresponde al 10 por ciento (directivos y contratos de libre designación fuera de convenio).

firman que si la plantilla de Telemadrid se ha reducido en 250 trabajadores (un 25%) desde 2007, los directivos y cargos casi se han duplicado desde 2004, al pasar de 27 a 46, "varios de ellos contratados fuera de convenio para ocultarlos".

Los representantes de los trabajadores consideran que la radio y televisión pública madrileña es "perfectamente" viable y puede ser rentable social y económicamente y su desaparición, en su opinión, no supondría ningún ahorro significativo para los presupuestos de la Comunidad y no solucionaría los problemas en educación o sanidad, "por lo que no hay que caer en el engaño de que estas medidas se hacen para salvaguardar los derechos sociales de los madrileños", advierten.

Pérdida de 10.000 puestos de trabajo

Por su parte, la Agrupación de Periodistas de UGT, AgP-UGT) también ha mostrado su especial preocupación por Telemadrid y por el ERE en Canal Nou que podría dejar en la calle a  1.000 o 1.200 personas de una plantilla de 1.800 profesionales.

AgP-UGT considera imprescindible que las radios y televisiones autonómicas mantengan el carácter de empresas públicas. Para el sindicato, la privatización, el cierre o la externalización de los servicios informativos de estas empresas audiovisuales públicas, podría conllevar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo.

En el caso de la Radiotelevisión Madrid las declaraciones realizadas, tanto por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid como por la Consejera de Presidencia, Ignacio González y Regina Plañiol -afirmando el primero que la intención del Gobierno de Madrid es privatizar Telemadrid y la segunda manifestando que en este momento no es prioritario mantener una esta empresa pública de comunicación- han provocado malestar e intranquilidad en la plantilla del ente público, que ve peligrar sus puestos de trabajo y  la propia viabilidad de la empresa.

Desde la AgP-UGT piden a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para que mantengan el carácter público de sus radios y televisiones con plantillas de trabajadores fijos que hagan producción propia, sin externalizar los servicios informativos, que estén bien gestionadas económicamente  y que estén al servicio de los ciudadanos de su comunidad y no a intereses políticos.

Por su parte, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (CPPG) recuerda que los medios públicos son un servicio al que tiene derecho la ciudadanía y que “someterse a las exigencias de la Ley de Estabilidad -es decir, al déficit cero- es tan absurdo como pretender que se sometan los servicios sanitarios o policiales”.

El Colegio quiere confiar en las garantías que, en su momento, dio el Gobierno gallego de mantener el carácter público de la Compañía de Radio/Televisión de Galicia (CRTVG) tal y como establece la Ley de Reforma de la CRTVG recientemente aprobada.

La posibilidad de permitir a las comunidades autónomas privatizar el servicio de gestión de las televisiones pone en peligro la información de proximidad para el Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC)

Desde el colectivo catalán “somos conscientes de la situación económica general, se entiende que hay que ajustar presupuestos, pero en ningún caso se considera justificado someter los medios de comunicación públicos a la ley de estabilidad presupuestaria”.

El Colegio de Periodistas de Cataluña continuará defendiendo y apostando por los medios públicos de comunicación,  tanto nacionales como locales, por su papel clave en la sociedad catalana, como instrumento de cohesión, garantía de la pluralidad y vocación de servicio público

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